A menos de dos meses de iniciar el período de estiaje (disminución del caudal en las represas por falta de lluvia), el Gobierno toma sus previsiones para evitar los racionamientos de energía en el país.

El ingreso de por lo menos 570 nuevos megavatios de generación térmica al Sistema Nacional Interconectado y el mantenimiento de las plantas termoeléctricas son algunas de las medidas que se tomaron para garantizar el suministro de electricidad durante los meses críticos.

Eduardo Barredo, asesor del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, explicó que la represa de la Central Mazar permite una mayor cantidad de almacenamiento de agua para las épocas secas. Este sistema tiene una capacidad de embalse de 410 millones de metros cúbicos y está integrado con la Central Paute-Molino, entre las dos, pueden sumar una generación cercana a los 300 megavatios hora.

Además se adquirieron siete centrales de generación eléctrica y se extendió los contratos para el funcionamiento de otros equipos. Y está previsto que en enero lleguen nuevos generadores. “Con esto está descartada una amenaza de apagones”, afirmó el funcionario.

Donald Castillo, consultor eléctrico, afirmó que si el clima es regular, el estiaje debería empezar en octubre y extenderse hasta marzo del próximo año. Aunque los meses de mayor impacto son noviembre, diciembre y enero.

Castillo agregó que en este año ingresaron 380 nuevos megavatios de operación térmica y que hasta finales de año deben ingresar por lo menos 190 más al Sistema Nacional Interconectado lo que sumarían los 570 que mencionó Barredo.

“Eso nos permite tener algo de respiro. Pero tiene que existir el combustible en volúmenes adecuados, en tiempo y en forma. Y ese es un problema gravísimo para el Ecuador. La infraestructura del sector petrolero no es la más adecuadas para el abastecimiento oportuno y confiable para el sector eléctrico”.

Barredo indicó que ese despacho de combustible para las térmicas sí está garantizado. “Tenemos una ventaja, que se usó muy poco combustible en esta época por la energía hidroeléctrica. Además Petroecuador garantizó ese suministro”, dijo el funcionario.

Castillo sostuvo que es necesario, que hasta fines de septiembre estén concluidos los trabajos de mantenimiento de las centrales termoeléctricas del país, para que todas estén disponibles desde octubre. Y que se debe realizar una planificación del sector bajo condiciones de riesgo para evitar una crisis similar a la generada entre noviembre del año pasado y enero de 2010.

Barredo confirmó que ese mantenimiento a las plantas termoeléctricas sí se realizó, aprovechando la época de lluvias. Una de ellas es la planta de La Trinitaria, en Guayaquil. La central Esmeraldas está próxima a entrar en mantenimiento, indica el funcionario. “La idea es que al inicio el estiaje esté todo listo”.

Pero para Castillo una de las principales preocupaciones es la participación de la energía proveniente de Colombia. El experto señala que la demanda total de energía del país es 46.836 megavatios/hora (cifra de consumo del pasado 16 de agosto), de estos, el 63,8% se abastece por generación hidráulica, el 33,4% por las térmicas y la interconexión con Colombia y Perú representa apenas un 2,8%”.

“Ese país (Colombia) también tiene problemas y si está en período de estiaje no va a derivar su energía para abastecer a Ecuador. No podemos garantizar, dada la vulnerabilidad y fragilidad del sistema eléctrico de Ecuador, estar fuera del riesgo de restricciones del sistema de energía eléctrica en el próximo estiaje”, informó Castillo.
Se requiere de una nueva legislación eléctrica.

El Gobierno trazó una hoja de ruta para el funcionamiento del sector eléctrico para los próximos 10 años. La previsión es que aumente la capacidad de generación a 33.852 gigavatios/hora (GWH), para ello se espera 14.735 GWH adicionales por año.

Sin embargo, Donald Castillo, sostuvo que los proyectos planteados por el Ejecutivo no serán suficientes para atender el crecimiento de la demanda. Según los cálculos de las mismas autoridades, hasta el 2020 se requerirán por lo menos de 16.346 GWH para cubrir las necesidades del país.

El consultor explicó que la generación actual es tanto pública como privada, pero que aún no se define en la ley cuál será la participación de ambos sectores, una vez que cambió el escenario eléctrico con la nueva Constitución.

Ahí se señala que los sectores estratégicos, incluidos electricidad, pasarán a ser manejados por el Estado a través de empresas públicas, y que solamente se delegaría por excepción a empresas privadas.

“Actualmente el sector eléctrico se maneja en base a la Ley de Electrificación promulgada en 1996, modificada 10 años después, y remendada con el Mandato 15 (de Montecristi) y dos resoluciones del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec). Es un esquema que no es muy estable, pero así funcionan las empresas del sector privado que todavía existen”.

Entre las generadoras privadas están Electroquil; de propiedad de la corporación AyC de Estados Unidos; Machala Power, filial de EDC; Hidroabanico, y algunas barcazas como Interdisa Trade y Electroguayas.
Además de empresas eléctricas como la Centro Sur, Quito y Ambato que siguen siendo sociedades anónimas y están dentro de la Corporación Nacional de Electricidad (Cenel), creada como empresa de distribución pública.

“Hay que esperar que salga la ley para ver cual es ese esquema de excepción, hasta mientras existe incertidumbre en el sector. Un esquema de excepción sería que sean empresas que hasta la fecha estaban existiendo, por ejemplo. Pero hay que esperar la ley”.

Arturo Clavijo, vicepresidente del colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, recordó que la Constitución plantea una empresa única de energía y que aún deben discutirse los criterios para la estructuración de ese organismo.

Clavijo sostuvo que hay sectores que apuestan por una empresa pública que maneje generación, transmisión y distribución, y otros que se mantenga la actual Cenel, pero que se constituya en una empresa pública y que en un futuro se estructure como empresa única. “Pero es necesario socializar y que los profesionales puedan aportar criterios que puedan ayudar a la estructuración de esa ley”, dijo.

A criterio de Clavijo, en la ley deberá establecerse una tarifa eléctrica real y no basada en subsidios. “Actualmente existe la tarifa de la dignidad, además se eliminó el aporte del Fondo de Electrificación Rural (Ferum) y el Estado asumió esa inversión. Pero si en un momento dado hay razones que afecten la economía, y por ende a la inversión en el sector eléctrico, existe un riesgo de colapso”.

El dirigente remarcó que debe existir un concepto social en la tarifa, de manera que el valor se fije acorde a las condiciones económicas de los usuarios. Pero también se debe invertir para concientizar sobre el buen uso de la energía, en especial en los sectores urbano-marginales y rurales, donde todavía es evidente el consumo poco responsable de la electricidad.

Eduardo Barredo señaló que ya se está elaborando el proyecto de ley de electrificación, y que hay un grupo de trabajo enfocados en armar la nueva norma. Pero aún no existe un borrador y por lo tanto todavía no está previsto que sea remitido a la Asamblea Nacional.